ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL

Tampoco el Concejal-Presidente de Barajas ha instado a los servicios técnicos de la Junta a la revisión del expediente para hacer las alegaciones y correcciones pertinentes en virtud de su mayor conocimiento del terreno y como presunto garante de la calidad de vida de los vecinos del distrito. Simplemente, ante esta posibilidad, ha hecho mutis por el foro

Cierto, una cosa es la existencia de una norma, que en este caso vela por la protección medioambiental de la ciudad de Madrid, y otra bien distinta es la aplicación de la misma por los responsables municipales. La conclusión a la que podemos llegar se condensa en algunas preguntas que nos permitirán reflexionar sobre la actuación de los actuales gestores municipales. ¿Por qué los responsables del Ayuntamiento aplican de una forma tal laxa su propia normativa?¿ Es el Ayuntamiento una institución para la que prevalece el interés de los vecinos o el de las empresas? En definitiva, ¿a quién defiende la autoridad?


		¿A QUIÉN DEFIENDE LA AUTORIDAD? Nuevo mandato municipal y viejos problemas para los vecinos. De nuevo la silueta de antenas de telefonía móvil se alza cerca de nuestras casas, sobre nuestros parques y calles. El Grupo Socialista ya presentó en el Pleno de la Junta de Barajas del pasado mes de Febrero, ante la creciente preocupación de los vecinos por la instalación indiscriminada de antenas de telefonía móvil, una proposición por la que se instaba a un mayor control por parte del Ayuntamiento de Madrid de esta clase de actividades. Fue rechazada por los votos del Grupo Popular esgrimiendo el “cumplimiento escrupuloso por parte de la administración de la normativa municipal”. Recientemente, y con licencia municipal, la compañía Vodafone comenzó a instalar una base de telefonía móvil en la Calle Simún, en la zona conocida por Ensanche de Barajas, creando un serio motivo de preocupación en los vecinos de la zona, que no entendían cómo el Ayuntamiento considera idónea la ubicación de la instalación de esta estructura, una antena de más de 20 m de altura, a menos de 10 metros de las viviendas y estando situada a escasa distancia del lugar que compartirán un colegio y un parque infantil. Asimismo, ninguno de los vecinos de la zona recibió notificación del emplazamiento de esta base, a lo que obliga en estos casos la normativa municipal

	El Grupo Socialista, de acuerdo con la Asociación de Vecinos de Cerro de Buenos Aires – Las Barquillas, solicitó la paralización inmediata de la instalación y la ubicación de la misma en un lugar que despejara cualquier duda sobre una posible incidencia nociva sobre la salud de los vecinos. Esta queja fue remitida con carácter urgente desde la Junta de Barajas a la Sección de Actividades Especiales, Gerencia de Urbanismo, órgano responsable. La administración municipal está levantando la mano claramente en este caso. De la fiscalización del expediente por el que se otorga esta licencia, en relación con la normativa municipal aplicable (Ordenanza de Evaluación Ambiental de Actividades), se puede concluir lo siguiente: a- El proyecto técnico presentado por la operadora no contiene en su memoria ambiental un informe detallado sobre el grado de alteración del medio ambiente de la zona afectada. b- También carece dicha memoria de un informe específico sobre el planteamiento urbanístico en la zona de instalación. Recordemos, en ese sentido, la cercanía de viviendas
	unifamiliares y de la próxima, tanto en el tiempo como en el espacio, construcción de un colegio y un parque infantil. c- Por último, no ha existido un periodo de información pública ajustado a lo prescrito en la ordenanza, con notificación expresa e individual a los afectados, dejando a los interesados en una situación de indefensión. Tampoco el Concejal-Presidente de Barajas ha instado a los servicios técnicos de la Junta a la revisión del expediente para hacer las alegaciones y correcciones pertinentes en virtud de su mayor conocimiento del terreno y como presunto garante de la calidad de vida de los vecinos del distrito. Simplemente, ante esta posibilidad, ha hecho mutis por el foro Cierto, una cosa es la existencia de una norma, que en este caso vela por la protección medioambiental de la ciudad de Madrid, y otra bien distinta es la aplicación de la misma por los responsables municipales. La conclusión a la que podemos llegar se condensa en algunas preguntas que nos permitirán reflexionar sobre la actuación de los actuales gestores municipales. ¿Por qué los responsables del Ayuntamiento aplican de una forma tal laxa su propia normativa?¿ Es el Ayuntamiento una institución para la que prevalece el interés de los vecinos o el de las empresas? En definitiva, ¿a quién defiende la autoridad?